La indexación de vivienda social (VIS) y prioritaria (VIP) al salario mínimo legal vigente (SMLMV) en Colombia limita los precios máximos a 135-150 SMLMV según la ciudad, facilitando acceso para estratos bajos pero frenando oferta en segmentos medios. Expertos advierten que desindexar estos topes requeriría modificar la Ley 2079 de 2021, lo cual sería ilegal sin trámite legislativo, ya que el Congreso aprobó explícitamente esta vinculación para proteger a hogares vulnerables.

Cambios abruptos vía decreto podrían generar judicialización y desequilibrios en el mercado, afectando subsidios y créditos. La discusión surge ante presiones inflacionarias y aumentos salariales que encarecen construcción, pero mantener la indexación asegura equidad habitacional mientras se busca reactivar el sector sin comprometer metas de cobertura social.